Córdoba: Polémica por la Ley de Convivencia Ambiental

El 8 de enero, la Sala segunda de la Cámara del Trabajo declaró inconstitucionales los permisos que dio la Secretaría de Ambiente y la Municipalidad de Malvinas Argentinas a Monsanto para construir su planta de semillas y ordenó frenar la obra, iniciando de ésta manera el proceso encabezado por el oficialismo para elaborar el proyecto de Ley de Convivencia Ambiental.
El mismo está en proceso de debate y finalmente el miércoles de la semana próxima se llevará al recinto de la Unicameral para ser tratado.
Precisamente a partir de los aportes en comisión de distintas organizaciones, instituciones y desde los distintos bloques opositores, los voceros del oficialismo adelantaron que trabajan para adecuar el proyecto original a estas demandas, aunque todo es incertidumbre y desconfianza, fundamentalmente por el antecedente cercano de la Ley de Bosques.

Fuerte rechazo

Las organizaciones ambientalistas indican que el proyecto es insuficiente, y que además no cubre los requisitos de la Ley Nacional.
“Es un proyecto que a nosotros no nos gusta para nada. Es sólo una declaración de intención y deja todo librado al accionar de la Secretaría de Ambiente que hasta ahora es una repartición que no reconoce la Ley de Ambiente Nacional y que ha dado autorizaciones sin ningún tipo de fundamento técnico, como ha pasado con Monsanto”, remarcó Medardo Ávila Vázquez, integrante de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados.
Por su parte, la Asamblea por un Río Cuarto sin Agrotóxicos manifestó mediante un escrito que esta Ley pretende ponerle un freno a la movilización de sectores sociales que se manifiestan y organizan en defensa de sus territorios y bienes comunes,  ampliando el campo de maniobras a las multinacionales del agronegocio para que puedan desarrollar sus actividades lucrativas sin obstáculos, y además no pretende avanzar en el cuidado del ambiente sino desprotegerlo aún más, intentando poner un freno al accionar de vecinos en defensa del medioambiente que han puesto en jaque las políticas extractivistas del Gobierno Provincial.
Para finalizar, la organización enfatizó “aprobando  esta nueva Ley, el legislativo concede facultades extraordinarias a la Autoridad de Aplicación de la provincia, dando marcha atrás con derechos adquiridos. De esta manera se está legislando para encorsetar a la participación ciudadana y otorgar más espacios al avance de las actividades económicas susceptibles de dañar, alterar y modificar el ambiente y la salud”.
Otros aspectos importantes que los grupos ambientalistas consideran son que el proyecto ignora que la población de la provincia se encuentra asolada por patologías de base ambiental, entre las que se destacan las neumopatías, el hipotiroidismo y la diabetes precoz, trastornos inmunitarios y sensibilización múltiple, TGD y autismo, abortos espontáneos, malformaciones congénitas y cánceres.
Debemos prohibir las fumigaciones aéreas en todo el territorio provincial, aseguran, en los mismos términos en que fueron prohibidas por la Unión Europea en 2009, y alejar de zonas habitadas las fumigaciones terrestres con cualquier tipo de agrotóxicos, pero este proyecto sólo busca favorecer inversiones como las de Monsanto y controlar la protesta social.
En cuanto a residuos se refiere, la basura en la provincia es un negocio; para el proyecto, este problema no existe. Los residuos sólidos urbanos son quemados a cielo abierto o enterrados sin separación ni tratamientos; nada se recupera. Cada año aumenta más y más la basura, lo que amplía un negocio que genera contaminación y amenaza a la población.
Esta ley debería determinar que todas las localidades cuenten con su propia gestión de residuos sólidos urbanos y programas para reducir la generación de basura, separación en origen, reciclado y enterramientos sanitarios en sus propios ejidos de los residuos remanentes. No podemos aceptar zonas de sacrificio ambiental, destacan.
La gestión de la basura nunca puede ser considerada un negocio, es un problema de salud pública y responsabilidad del Estado municipal y provincial.
Para este proyecto, Córdoba se encuentra en el Jardín del Edén, sólo hay disputas por apropiación de recursos naturales. Pero Córdoba está inserta en la frágil región semiárida de país y venimos destruyendo nuestro entorno en beneficios de pocos.El ambiente es utilizado como un “medio” para negocios, un recurso para reproducir capital rápidamente sin considerar los impactos generados en la naturaleza, daños que no se pueden recuperar al ritmo de la destrucción por la intensidad de explotación que las nuevas tecnologías permiten, lo que genera el pasivo ambiental y sanitario que sufrimos todos.

A este delicado panorama de desertificación y desmonte, contaminación masiva con pesticidas, crisis hídrica y manejo irracional de la basura, se suma el cambio climático, con su secuela de inestabilidad y tempestades inusitadas, sequías e inundaciones.

Cambio climático

El proyecto ignora la urgente necesidad de impulsar políticas de mitigación del cambio climático como propugna el Panel Naciones Unidas, y cualquier política responsable en ambiente debe considerar este peligro.
Una ley de política ambiental para la Córdoba de hoy debe comenzar declarando el estado de emergencia ambiental del territorio provincial, con todo lo que esto significa.
La política para resguardarnos del cambio climático debería direccionar todas las acciones y programas para amortiguar de alguna manera el daño que este nos ocasione en los sectores más frágiles de nuestra ecología. El primer paso es reconocer cuál es la situación, tener un diagnóstico ecológico de la provincia.
Por desgracia, el Gobierno es una agencia de negocios que mejora cualquier oferta, sólo preocupado por las encuestas que puedan poner en peligro sus intereses de facción.

1 Comentario está listo

  1. Todo el arco politico es complice de esta situacion, aqui la culpa no la tiene ninguna empresa sino la politica, que como todos sabemos lo que menos interesa a los politicos es la gente.